Archiveros Españoles en la Función Pública se constituye como asociación profesional destinada a agrupar a cuantos archiveros hayan accedido como funcionarios o personal laboral al servicio de las diferentes administraciones públicas y de los restantes organismos del sector público en España. Entre los fines de Archiveros Españoles en la Función Pública se encuentra el de fomentar la defensa de los archivos públicos como garantes de la transparencia administrativa y de la defensa de los derechos ciudadanos.
La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 estableció la suspensión de los plazos administrativos, incluyendo por tanto la suspensión del plazo para resolver las solicitudes de acceso a documentación pública. Ante esta circunstancia, de nuevo tenemos que llamar la atención sobre la necesidad de que los poderes públicos tomen conciencia de la importancia de la transparencia y el derecho de acceso a la información como parte esencial del funcionamiento democrático de cualquier sociedad, y del imprescindible papel de los archivos y de los archiveros en ello.
En consecuencia, desde AEFP proponemos al Gobierno central, y todos los gobiernos autonómicos y locales y al resto de instituciones que tomen las medidas normativas y organizativas necesarias para garantizar que la vigencia del estado de alarma no perjudique al derecho de acceso a la información pública y a la transparencia, ya que disponen de los medios humanos y técnicos para ello.
En un escenario en el que algunos de los derechos y facultades de la ciudadanía se están viendo limitados, la información concreta que se pueda facilitar a las personas que la solicitan vía transparencia juega un papel fundamental que refuerza la credibilidad y legitimidad de cualquier gobierno. La continuidad de los procedimientos de acceso a la información durante el estado de alarma es un complemento imprescindible de los contenidos oficiales que se facilitan habitualmente en ruedas de prensa, comparecencias parlamentarias, entrevistas o en el BOE y las webs institucionales.
Desde AEFP proponemos en primer lugar que las unidades de transparencia de cada administración sean reforzadas con archiveros de dicha administración de los que puedan prescindir en sus unidades de destino habituales, y ello mientras sea necesario para que:
- Se resuelvan todas las solicitudes de acceso a la información dentro del plazo previsto por la Ley 19/2013, de 9 de septiembre, de Transparencia, o al menos, en el plazo más breve posible.
- Se alimenten los diferentes portales web que vuelcan información y datos en el Portal de Transparencia, garantizando que su funcionamiento sea, al menos, el que tendría en circunstancias no excepcionales.
La Administración General del Estado cuenta con un Cuerpo Facultativo de Archiveros y un Cuerpo de Ayudantes de Archivos, una de cuyas funciones es la de facilitar a la ciudadanía el acceso a la información y los documentos públicos en las condiciones establecidas legislativa y reglamentariamente. Tanto el temario exigido para el acceso a dichas plazas, como los exámenes y las funciones habituales ejercidas por los miembros de ambos Cuerpos garantizan que poseen el conocimiento y experiencia necesarios para reforzar las unidades de transparencia de cada Ministerio u organismo público. Igualmente, existen archiveros en las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, órganos constitucionales… capaces de reforzar estos servicios.
En segundo lugar, desde AEFP proponemos se refuerce con archiveros el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado (y sus correspondientes del resto de Administraciones), mientras dure el estado de alarma y posteriormente, mientras resulte necesario hasta recuperar la capacidad de funcionamiento habitual.
Entendemos que ambas medidas, que proponemos planteándolas como voluntarias para los archiveros de la Función Pública, podrían encajar fácilmente en lo establecido en la Disposición adicional decimoctava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y que dicha disposición puede ser modificada incluyendo el área de transparencia dentro de las otras áreas esenciales mencionadas.
En último lugar, proponemos que se estudien colaborativamente entre la Dirección General de Gobernanza Pública y la sociedad civil otras medidas complementarias relacionadas con la transparencia activa y el derecho de acceso a la información, como podría ser el difundir de modo independiente y con especial publicidad un dossier que reúna el conjunto de preguntas planteadas durante el estado de alarma en el ejercicio del derecho de acceso a la información, con sus correspondientes incidencias de procedimiento.
