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«Han pasado más de dos años del comienzo de la campaña militar de Israel en Gaza en respuesta a los ataques terroristas de Hamás contra población civil israelí y que produjeron 1139 muertos y el secuestro de 251 personas. La respuesta bélica a estos hechos, de enorme intensidad, calificada como desproporcionada por el propio secretario general de Naciones Unidas, tras quedar documentadas múltiples de atrocidades consideradas crímenes de lesa humanidad y contra el Derecho Internacional Humanitario, arroja un saldo de muertos superior a las 65.000 personas la mayoría población civil, entre las que se incluyen más de 25 000 menores de edad, y más de 150.000 heridos. El incremento en la intensidad de estos crímenes, con ataques indiscriminados a la población civil, a las escuelas, a los hospitales, a las infraestructuras encargadas del suministro de electricidad, gas y agua; el desplazamiento forzoso de la población de Gaza, continuo y en direcciones diversas, así como la hambruna derivada del bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria, ha elevado la calificación de esta violencia a genocidio, considerado así no solo por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sino también por numerosas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y por los principales expertos académicos en genocidio, incluidos expertos israelíes.
Entre los ataques a las infraestructuras palestinas se incluyen los daños causados a sus instituciones culturales. Entre ellos hemos de citar el bombardeo y destrucción del Archivo Municipal de Gaza, acción que motivó una declaración de condena por parte del Consejo Internacional de Archivos, el 13 de diciembre de 2023, en la que se hacía un llamamiento a todos los actores de la región, y especialmente a las autoridades públicas y a los responsables de las acciones militares, para que no perjudiquen a
ningún profesional del patrimonio documental o cultural que permanezca en las zonas afectadas por el conflicto armado, y para que se abstengan de destruir el patrimonio documental y cultural, en cumplimiento de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954. Los archivos y documentos son cruciales para la defensa de los derechos humanos y para la reconstrucción de la sociedad tras el conflicto y deben ser salvaguardados por todas las partes. Además, en esa declaración se anunciaba el seguimiento de los acontecimientos con un compromiso de ayuda a los profesionales de los archivos si fuera necesario.
El Consejo Internacional de Archivos, sin embargo, no ha vuelto a pronunciarse sobre las acciones militares del Estado de Israel ni sobre las decisiones de sus dirigentes, a pesar del incremento de la violencia bélica y la extensión de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Contrastan la tibia declaración del 13 de diciembre de 2023 y el posterior silencio del Consejo Internacional de Archivos sobre el genocidio de Gaza con la contundencia con que que se pronunció en el caso de la agresión rusa contra Ucrania en 2022. A los 14 días del comienzo de la invasión de Ucrania por Rusia con el apoyo de Bielorrusia, el Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de Archivos adoptaba una resolución pionera en la organización, valiente y ejemplar que, entre otros acuerdos, recogía la decisión de suspender sus relaciones con las cuatro instituciones públicas rusas y bielorrusas que en ese momento eran miembros del ICA, considerando la agresión armada perpetrada por el Gobierno de la Federación de Rusia, con el apoyo de la República de Bielorrusia, contra Ucrania, su población tanto civil como militar, su Gobierno, sus ciudades e infraestructuras, y su patrimonio cultural y documental irremplazable, y fiel a los principios y teniendo en cuenta los valores proclamados por el ICA a favor del Estado de derecho, de la preservación del patrimonio archivístico mundial y de la protección de todas las personas dedicadas a la conservación de un patrimonio documental irremplazable.
Hoy, dos años después del comienzo de la campaña militar contra Gaza, y a pesar del frágil acuerdo de paz alcanzado, vista la dimensión de los crímenes de guerra y el genocidio que diariamente se están cometiendo por el Estado de Israel contra la población gazatí, entre los que los atentados a los archivos y los documentos palestinos no dejan de representar un parte mínima de los daños, aunque sea la más cercana a nuestra profesión, consideramos que el Comité Ejecutivo del ICA debe tomar medidas disciplinarias (artículo 3.7.1.5. de los Estatutos del ICA) contra las instituciones archivísticas públicas de Israel que en este momento pertenezcan al ICA, similares a las adoptadas en marzo de 2022 contra las instituciones archivísticas públicas rusas y bielorrusas que entonces eran miembros del ICA.
No adoptar medidas contundentes contra los archivos públicos de Israel situaría al Consejo en una posición de doble rasero ante uno y otro conflicto imposible de justificar. Y, además, supondría una imperdonable falta de posicionamiento en defensa de los derechos humanos incompatible con la trayectoria de la organización desde su creación en 1948.»