La prensa se hace eco de la postura de AEFP sobre las irregularidades en la custodia de los documentos públicos de los presidentes del gobierno, al hilo de las noticias sobre la presencia de documentación clasificada en casa del expresidente y el presidente de los Estados Unidos de América.

A raíz del escándalo mundial que ha supuesto la publicación en prensa de la presencia de documentación pública clasificada en los domicilios particulares del presidente y el expresidente de los EEUU, además de otros altos mandatarios, y tras conocer las medidas al respecto que las autoridades americanas, tanto la Fiscalía como la Agencia Central de Información (CIA) y el NARA han adoptado al respecto, algunos medios de comunicación de la prensa española se pusieron en contacto con nosotros para preguntarnos por el estado de los denominados “archivos presidenciales” en España.

Aprovechamos la coyuntura para explicar, en primer lugar, que tal categoría de “archivos presidenciales” como tal no existe, y expusimos nuestras consideraciones al respecto del tratamiento de los fondos documentales de los presidentes y expresidentes del gobierno de España, criticando tanto su patrimonialización en unos casos, como su destrucción en otros, y el incumplimiento generalizado de las obligaciones al respecto contenidas en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en el Código Penal.

Os dejamos los enlaces de las noticias que salieron al respecto en los medios de comunicación, a los que desde aquí agradecemos que contaran con nosotros para informarse sobre este espinoso asunto.

¿Dónde están los archivos de los expresidentes españoles? (cuatro.com)

Las noticias de Herrero: Gregorio Luri: «La escuela está educando en el miedo al futuro» – esRadio (libertaddigital.com) (parte final)

Los archivos presidenciales en España, entre el poco control y la ilegalidad | El Periódico de España (epe.es)

Archiveros Españoles en la Función Pública ha participado en la Consulta pública sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula el Consejo de Memoria Democrática y el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática.

El pasado mes de diciembre el Ministerio de Presidencia abrió el procedimiento de Consulta Pública del real decreto que pretende dar cumplimiento al mandato explícito del artículo 57 la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que dispone la creación del Consejo de la Memoria Democrática, adscrito al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas españolas.

Se solicitaban aportaciones de la sociedad civil sobre el alcance de las obligaciones previstas en la norma, los plazos y trámites para dotar de mayor eficacia y seguridad a la puesta en marcha de instrumentos y medidas para facilitar el fomento del movimiento memorialista, definir y concretar el alcance de las funciones atribuidas al Consejo de Memoria Democrática y mejorar el conocimiento, difusión y publicidad de las mismas y sus actividades a través del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática.

Las propuestas de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) se han centrado en la necesidad incluir a funcionarios públicos con el perfil de técnico de archivos y gestión documental en cada uno de los organismos que se regulan en el Título III de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, dedicado al Movimiento Memorialista, tanto en el Consejo de la Memoria Democrática como en la Comisión de ámbito estatal, de carácter académico, temporal y no judicial, independiente, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, regulados ambos en el artículo 57 de la LMD. Y lo hemos hecho convencidos de la utilidad de contar con la dilatada experiencia adquirida los profesionales de los archivos cuando gestionan fondos documentales producidos por los organismos represivos del Estado durante la dictadura franquista, siguiendo para ello la normativa internacional, las directrices y las recomendaciones emitidas al respecto por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos, en materia de Archivos y Derechos Humanos.

Podéis descargar y leer nuestras aportaciones aquí.