Autor: Archivero

Lamentamos la muerte de nuestra compañera Margarita Vázquez de Parga. Desde AEFP damos el pésame a toda su familia por esta pérdida tan grande.

De familia de historiadores y archiveros se ha ido una de las personas que más ha hecho por los archivos españoles entre 1980 y 2000. Fue una excelente subdirectora general de Archivos Estatales. Directora del CIDA desde su creación (1978) hasta que llegó a la S. G. de Archivos Estatales (1986), cargo que ocupó unos 10 años. Tras un breve retorno al CIDA pasó a la empresa privada, como asesora de Archivística en Informatica El Corte Inglés, allí estuvo hasta su jubilación. Fue la persona que puso en marcha el Plan de Informatización de Archivos Estales, responsable en general de su modernización. En su mandato se incrementaron las plantillas, los nuevos edificios de archivos provinciales (se terminaron de segregar los que compartían sede y responsable con la Biblioteca Provincial) en Ávila, Segovia, Soria, Palencia, etc., y los nuevos edificios del Archivo de la Corona de Aragon y el Archivo General de la Guerra Civil Española. Lideró el proyecto de digitalización del Archivo General de Indias para el quinto centenario (1992), experiencia pionera en digitalización de documentos de archivo.

Recordemos su figura en sus palabras con motivo del 150 aniversario del Cuerpo Facultativo de Archiveros.

Los archivos son instituciones básicas en sociedades democráticas, el derecho de acceso a la información pública no se puede entender sin los archivos. En un momento como este, es especialmente importante reivindicar la labor de los archivos en la gestión documental, contra la corrupción y a favor de la transparencia. Desde AEFP queremos trasmitir nuestra preocupación por el escaso conocimiento sobre la importancia política, social y cultural de los archivos.

Una prueba más de la falta de consideración de la función y los servicios de archivos lo constituye la falta de iniciativas políticas durante los últimos cinco años en relación con el edificio de la calle Alberto Bosch núm. 4, construido a finales del siglo XIX para albergar los protocolos generados por los notarios de Madrid. El edificio es la sede del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, conjunto documental cuyo origen se remonta a 1765 y está a cargo del Cuerpo de Archiveros desde la II República. Constituye, además, uno de los escasos ejemplos de arquitectura específica de archivos.

El edificio estuvo en funcionamiento como archivo hasta noviembre de 2015, cuando se decidió subsanar las deficiencias acumuladas por el paso de los años con una remodelación integral para garantizar la seguridad de usuarios, trabajadores y documentos. En esa misma fecha se llevó a cabo el traslado de sus fondos al Complejo El Águila de la Comunidad de Madrid para que los fondos documentales continuasen en servicio mientras se reformaba el edificio. Se acordó entre todas las Administraciones afectadas que el edificio se rehabilitara para albergar los protocolos de más de cien años cuya titularidad corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte, por lo que el edificio había de pasar a dicho ministerio. Ningún resultado real ha sido alcanzado en estos casi 5 años transcurridos. 

Durante las últimas semanas, la prensa y las redes sociales han estado pendientes del edificio de la calle Alberto Bosch núm. 4 no por su relevancia archivística, sino en tanto ha sido objeto de ocupación el pasado 4 de marzo por el Centro Social La Ingobernable, y por su reciente desalojo el 17 de abril a raíz de lo resuelto por el Ministerio de Justicia (ver BOE). Desde AEFP esperamos que el desalojo de La Ingobernable sea la medida previa a una asunción de responsabilidad por parte del Ministerio de Justicia que conduzca en breve a la efectiva y total reactivación y puesta en funcionamiento del Archivo de Protocolos de Madrid en el edificio que se construyó precisamente para el servicio público y la adecuada conservación de una documentación de unas características tan concretas como las de los protocolos notariales.

No hay que olvidar que la constitución de este archivo constituyó un paso adelante en la concepción del archivo como garante de los derechos de las personas al suponer la superación del concepto patrimonial del oficio notarial y del derecho de propiedad de los notarios sobre los protocolos en su poder. Tampoco hay que olvidar que, si bien tradicionalmente sus documentos han sido utilizados con un enfoque que podía darles la apariencia de fuentes documentales para el estudio de las oligarquías, también son valiosos testimonios históricos para el conocimiento de la historia económica y de las mentalidades, o para el análisis y crítica de la construcción histórica de las estructuras de poder (y por tanto, de la resistencia a las mismas) en las ciudades y en el rural.

Desde AEFP solicitamos, primero, al Ministerio de Justicia la información pertinente de lo que ha que sucedido. Segundo, exigimos a al Ministerio de Cultura y Deporte un plan de actuación urgente antes de finalizar el año 2020.

En AEFP echamos en falta una declaración expresa y contundente por parte del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Cultura, que garantice el inmediato comienzo de las obras de rehabilitación del edificio y el compromiso de que el inmueble seguirá siendo destinado a sede del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.

Archiveros Españoles en la Función Pública se constituye como asociación profesional destinada a agrupar a cuantos archiveros hayan accedido como funcionarios o personal laboral al servicio de las diferentes administraciones públicas y de los restantes organismos del sector público en España. Entre los fines de Archiveros Españoles en la Función Pública se encuentra el de fomentar la defensa de los archivos públicos como garantes de la transparencia administrativa y de la defensa de los derechos ciudadanos.

La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 estableció la suspensión de los plazos administrativos, incluyendo por tanto la suspensión del plazo para resolver las solicitudes de acceso a documentación pública. Ante esta circunstancia, de nuevo tenemos que llamar la atención sobre la necesidad de que los poderes públicos tomen conciencia de la importancia de la transparencia y el derecho de acceso a la información como parte esencial del funcionamiento democrático de cualquier sociedad, y del imprescindible papel de los archivos y de los archiveros en ello.

En consecuencia, desde AEFP proponemos al Gobierno central, y todos los gobiernos autonómicos y locales y al resto de instituciones que tomen las medidas normativas y organizativas necesarias para garantizar que la vigencia del estado de alarma no perjudique al derecho de acceso a la información pública y a la transparencia, ya que disponen de los medios humanos y técnicos para ello.

En un escenario en el que algunos de los derechos y facultades de la ciudadanía se están viendo limitados, la información concreta que se pueda facilitar a las personas que la solicitan vía transparencia juega un papel fundamental que refuerza la credibilidad y legitimidad de cualquier gobierno. La continuidad de los procedimientos de acceso a la información durante el estado de alarma es un complemento imprescindible de los contenidos oficiales que se facilitan habitualmente en ruedas de prensa, comparecencias parlamentarias, entrevistas o en el BOE y las webs institucionales.

Desde AEFP proponemos en primer lugar que las unidades de transparencia de cada administración sean reforzadas con archiveros de dicha administración de los que puedan prescindir en sus unidades de destino habituales, y ello mientras sea necesario para que:

• Se resuelvan todas las solicitudes de acceso a la información dentro del plazo previsto por la Ley 19/2013, de 9 de septiembre, de Transparencia, o al menos, en el plazo más breve posible.
• Se alimenten los diferentes portales web que vuelcan información y datos en el Portal de Transparencia, garantizando que su funcionamiento sea, al menos, el que tendría en circunstancias no excepcionales.

La Administración General del Estado cuenta con un Cuerpo Facultativo de Archiveros y un Cuerpo de Ayudantes de Archivos, una de cuyas funciones es la de facilitar a la ciudadanía el acceso a la información y los documentos públicos en las condiciones establecidas legislativa y reglamentariamente. Tanto el temario exigido para el acceso a dichas plazas, como los exámenes y las funciones habituales ejercidas por los miembros de ambos Cuerpos garantizan que poseen el conocimiento y experiencia necesarios para reforzar las unidades de transparencia de cada Ministerio u organismo público. Igualmente, existen archiveros en las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, órganos constitucionales… capaces de reforzar estos servicios.

En segundo lugar, desde AEFP proponemos se refuerce con archiveros el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado (y sus correspondientes del resto de Administraciones), mientras dure el estado de alarma y posteriormente, mientras resulte necesario hasta recuperar la capacidad de funcionamiento habitual.

Entendemos que ambas medidas, que proponemos planteándolas como voluntarias para los archiveros de la Función Pública, podrían encajar fácilmente en lo establecido en la Disposición adicional decimoctava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y que dicha disposición puede ser modificada incluyendo el área de transparencia dentro de las otras áreas esenciales mencionadas.

En último lugar, proponemos que se estudien colaborativamente entre la Dirección General de Gobernanza Pública y la sociedad civil otras medidas complementarias relacionadas con la transparencia activa y el derecho de acceso a la información, como podría ser el difundir de modo independiente y con especial publicidad un dossier que reúna el conjunto de preguntas planteadas durante el estado de alarma en el ejercicio del derecho de acceso a la información, con sus correspondientes incidencias de procedimiento.