Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) comparte la preocupación tanto de nuestra organización argentina hermana, Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA), como de la Sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos (ICA-SAHR), sobre las medidas tomadas por el Gobierno Argentino de Javier Milei contra la Secretaría de Derechos Humanos y organismos como el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural Haroldo Conti, dependientes del Ministerio de Justicia, que tienen como objetivo la preservación y acceso la documentación vinculada a las violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales durante la dictadura argentina.
El despido del 40% del personal dedicado a esas funciones (más de 2500 personas) afectará gravemente a la capacidad de respuesta del organismo ante las numerosas solicitudes de colaboración, tanto de la Justicia argentina en las investigaciones por delitos de lesa humanidad, como de las víctimas en los procesos de reparación.
Nota de preocupación del Consejo Internacional de Archivos
Comunicado sobre la situación en el Archivo Nacional de la Memoria – AFPA
Del mismo modo y con la misma intención, nos unimos formalmente a los firmantes del manifiesto promovido en nuestro país por la Asociación Archivo, Guerra y Exilio (AGE), en el que, además de mostrar su solidaridad con las organizaciones de defensa de los derechos humanos de Argentina, reclaman la puesta en marcha efectiva en nuestro país de las medidas previstas en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, precisamente para impedir que se extiendan las políticas reaccionarias y negacionistas de los derechos de las víctimas de los delitos de lesa humanidad, en un momento en que la humanidad asiste atónita a la comisión impune de delitos de lesa humanidad en los diversos conflictos armados que asolan nuestro planeta.
Archiveros Españoles en la Función Pública se compromete, además, a hacer llegar esta preocupación y las propuestas de estas iniciativas a los responsables de las Instituciones Públicas con competencias en la materia, tanto en Argentina como en España.
