Los archivos son instituciones básicas en sociedades democráticas, el derecho de acceso a la información pública no se puede entender sin los archivos. En un momento como este, es especialmente importante reivindicar la labor de los archivos en la gestión documental, contra la corrupción y a favor de la transparencia. Desde AEFP queremos trasmitir nuestra preocupación por el escaso conocimiento sobre la importancia política, social y cultural de los archivos.
Una prueba más de la falta de consideración de la función y los servicios de archivos lo constituye la falta de iniciativas políticas durante los últimos cinco años en relación con el edificio de la calle Alberto Bosch núm. 4, construido a finales del siglo XIX para albergar los protocolos generados por los notarios de Madrid. El edificio es la sede del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, conjunto documental cuyo origen se remonta a 1765 y está a cargo del Cuerpo de Archiveros desde la II República. Constituye, además, uno de los escasos ejemplos de arquitectura específica de archivos.
El edificio estuvo en funcionamiento como archivo hasta noviembre de 2015, cuando se decidió subsanar las deficiencias acumuladas por el paso de los años con una remodelación integral para garantizar la seguridad de usuarios, trabajadores y documentos. En esa misma fecha se llevó a cabo el traslado de sus fondos al Complejo El Águila de la Comunidad de Madrid para que los fondos documentales continuasen en servicio mientras se reformaba el edificio. Se acordó entre todas las Administraciones afectadas que el edificio se rehabilitara para albergar los protocolos de más de cien años cuya titularidad corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte, por lo que el edificio había de pasar a dicho ministerio. Ningún resultado real ha sido alcanzado en estos casi 5 años transcurridos.
Durante las últimas semanas, la prensa y las redes sociales han estado pendientes del edificio de la calle Alberto Bosch núm. 4 no por su relevancia archivística, sino en tanto ha sido objeto de ocupación el pasado 4 de marzo por el Centro Social La Ingobernable, y por su reciente desalojo el 17 de abril a raíz de lo resuelto por el Ministerio de Justicia (ver BOE). Desde AEFP esperamos que el desalojo de La Ingobernable sea la medida previa a una asunción de responsabilidad por parte del Ministerio de Justicia que conduzca en breve a la efectiva y total reactivación y puesta en funcionamiento del Archivo de Protocolos de Madrid en el edificio que se construyó precisamente para el servicio público y la adecuada conservación de una documentación de unas características tan concretas como las de los protocolos notariales.
No hay que olvidar que la constitución de este archivo constituyó un paso adelante en la concepción del archivo como garante de los derechos de las personas al suponer la superación del concepto patrimonial del oficio notarial y del derecho de propiedad de los notarios sobre los protocolos en su poder. Tampoco hay que olvidar que, si bien tradicionalmente sus documentos han sido utilizados con un enfoque que podía darles la apariencia de fuentes documentales para el estudio de las oligarquías, también son valiosos testimonios históricos para el conocimiento de la historia económica y de las mentalidades, o para el análisis y crítica de la construcción histórica de las estructuras de poder (y por tanto, de la resistencia a las mismas) en las ciudades y en el rural.
Desde AEFP solicitamos, primero, al Ministerio de Justicia la información pertinente de lo que ha que sucedido. Segundo, exigimos a al Ministerio de Cultura y Deporte un plan de actuación urgente antes de finalizar el año 2020.
En AEFP echamos en falta una declaración expresa y contundente por parte del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Cultura, que garantice el inmediato comienzo de las obras de rehabilitación del edificio y el compromiso de que el inmueble seguirá siendo destinado a sede del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
